El acceso a la información es un derecho humano básico, y así lo han tratado de reflejar en Center for Law and Democracy (CLD) y UNESCO a través de un fantástico MOOC lleno de recursos para la reflexión.
Un seminario denso y plagado de pistas sobre cómo se garantiza el derecho al acceso a la información en el mundo, con la Declaración Internacional de los Derechos Humanos como partida. Un texto básico proclamado en 1948 ante la Asamblea de las Naciones Unidas, que en su artículo 19 ya apunta hacia este objetivo:
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Un MOOC en el que se pone en cifras una sensación bastante extendida: en los países desarrollados el acceso a la información no se garantiza de forma óptima. El Índice Global de Acceso a la Información (RTI Rating) del CLD así lo demuestra de forma muy gráfica:
Este índice se basa en 61 indicadores que miden el marco legal que regula el derecho al acceso a la información en diferentes países, no su grado de implantación. Según este índice elaborado por Center for Law and Democracy, gran parte de los países en el mundo tienen un marco legal que protege este derecho, aunque la mayoría de los países desarrollados quedan entre los puestos más bajos.
Tal y como refleja el ranking del CLD, de los países a la cola en lo que a este índice se refiere, se encuentran estados como Alemania o Austria, mientras que entre los diez mejores se encuentran Afganistán, México o Gambia..
Como digo, este índice habla del marco legal, no de la implantación real de este derecho, pero resulta significativo que España, por ejemplo, haya obtenido tan solo 73 de 150 puntos posibles.
Un derecho para toda la ciudadanía, no solamente para periodistas
Que los países garanticen el acceso a la información no solamente afecta a los y las periodistas: también a aquellos ciudadanos que quieran consultar su ficha médica, que quieran tener acceso al histórico de sus análisis de sangre o quieran saber el nivel de contaminación emitida por la fábrica que se sitúa cerca de su vivienda.
El acceso a la información afecta a la calidad de la participación democrática, a la lucha contra la corrupción, a la fiscalización de la acción de los poderes públicos, al desarrollo económico, a la dignidad humana y, por supuesto, a garantizar los derechos humanos.
Un acceso que, según insisten desde Center of Law and Democracy, debe ir más allá de la publicación de una información en una página web o en un tablón de anuncios. Según este organismo radicado en Canadá, y dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos que apuntalan las democracias, el acceso a la información debe tener en cuenta a las minorías y sus condicionantes (idioma, brecha digital), así como las diferentes capacidades funcionales (personas ciegas o sordas, por ejemplo), para que el acceso sea real y no solo un derecho escrito en un papel.
Un gran curso lleno de recursos que iré investigando y aplicando a mis tareas profesionales (y personales) del día a día.